En las últimas semanas dos cuestiones de interminable discusión han asaltado los espacios más conservadores y liberales de nuestra siempre timorata ciudad capital: la despenalización del aborto en casos en que las potenciales madres sean víctimas de violación sexual o cuando existen malformaciones congénitas en el nonato y, ahora, la suspensión de la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), la llamada “pastilla del día siguiente”.
Como suele suceder, en el pandemonio de opinión, información y desinformación suscitado, no suele recogerse la voz de quienes, considero, legítimamente deben ser tomados en consideración. Las mujeres, en el primer caso, y la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud o el Colegio Médico del Perú, por mencionar algunos, en el segundo.
Aun cuando considero las discusiones se dan en el marco de políticas de salud pública, resultan llamativas las variopintas posiciones adoptadas por nuestros políticos y autoridades eclesiásticas, próximas al fundamentalismo en muchos casos. No han faltado voces que denuncian la injerencia de los sectores más ultras de la Iglesia Católica -y su ahora- férrea “defensa a la vida”- en temas de salud pública, situación que nos plantea la disyuntiva si efectivamente somos o no un estado laico. Pareciera que las políticas de salud sexual, reproductivas ó anticonceptivas debieran ser aprobadas por la Iglesia Católica para poder recién entrar en ejecución. ¿Dónde estamos? Mejor aún “¿Hasta cuándo las tesis religiosas seguirán normando nuestras vidas públicas”? Adrianzén (“La República” 17/10/2009).
¡Progres y conservadores del mundo, desuníos!
Sobre la despenalización del aborto, la modificatoria –ampliación- del artículo 119 del Código Penal, se ha dicho bastante en la última semana, aunque no lo suficiente.
El tema volverá a concentrar reflectores, esperemos, en diciembre cuando la Comisión Revisora del Código Penal envíe sus conclusiones al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, respecto a la aprobada penalización del aborto en casos de violación o cuando haya malformaciones del feto: aborto eugenésico.
El tema en discusión, por el momento, es el otro.
La píldora del día siguiente
Mediante un comunicado de prensa, el 22 de octubre, el Tribunal Constitucional hizo saber que había invalidado la distribución gratuita de la conocida “píldora del día siguiente” al considerar que no se había demostrado la inexistencia del efecto abortivo de ésta. Se declaró FUNDADA, así, la demanda presentada por la ONG “Acción de lucha Antocorrupción”. Se conminó al Ministerio de Salud a que se abstenga de desarrollar dicha política pública.
La posición adoptada por el Tribunal Constitucional tras la sentencia última parece rayana a la incongruencia: en el año 2006, el TC reconoció como legítimo que el MINSA entregue la información necesaria y distribuya de manera gratuita el AOE en los policlínicos, centros hospitalarios, asistenciales y demás entidades públicas. Hoy, integrantes del TC mencionan que en dicha oportunidad no se pronunciaron respecto al asunto de fondo: a saber si la píldora es abortiva o no, sino que se limitó a materia administrativa. Ciertamente, en esta oportunidad tampoco se ha determinado si es o no abortiva la “píldora del día siguiente”, sino que ante la duda existente, se optó por la prohibición de su distribución gratuita.
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, calificó la sentencia del TC como “discriminatoria e injusta”, pues en su opinión, la medida obstruye el acceso de las personas de menores recursos a la llamada “píldora del día siguiente”. Se sumaron a esta posición la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, demás compañeros del partido de la estrella y los sectores de oposición.
De contraria opinión –y para variar- fueron el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani y el titular del ministerio de Defensa, Rafael Rey. El cardenal aplaudió el fallo del TC y en su espacio radial sabatino en RPP “Diálogos de fe” pidió a las autoridades del gobierno respetar el fallo en señal de tolerancia democrática, rechazó la “discriminación” denunciada, agregó que la píldora no se debe vender a nadie, ni ricos ni pobres; el segundo, además de sumarse a la sentencia del TC, añadió que el siguiente paso era la prohibición comercial del medicamento.
En el fallo del TC se resolvió, además, que se incluya en la posología una advertencia en la que quede manifiesto que la píldora podría tener un efecto abortivo. Porque, claro, no se prohibió la venta de la píldora, únicamente su distribución gratuita.
¿El poner un fármaco en farmacias, para quienes poseen los medios necesarios para hacerse con ellos y, principalmente, prohibir su distribución gratuita, afectando a población más pobre no es acaso discriminatorio y excluyente?
El objeto de la demanda interpuesta por la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” era la abstención que las entidades públicas subordinadas al MINSA distribuyan de manera gratuita la píldora en mención. En ese sentido, la sentencia falló en ese específico. No más. De ahí que el método anticonceptivo en discusión podrá continuar expidiéndose comercialmente.
Cierto es que el texto de el fallo afectará a los sectores más pobres del país. El precio en el mercado de la píldora oscila entre los 20 y 30 soles, cantidad que bien podría considerarse ínfima en los sectores A o B; pero que, por otra parte, se torna inaccesible para mujeres de los departamentos de Huánuco o Ayacucho, poe ejemplo, que conviven con la extrema pobreza, que presentan una tasa más elevada de natalidad, que no compran medicamentos en Boticas Fasa, pues, ellas van a las posta médicas, o a los endiablados hospitales – en caso los haya- nomás. Es a dichos departamentos hacia donde estaba principalmente destinada la política de salud que distribuía la AOE.
Es harto difícil que las mujeres que acuden a la posta médica “Juan Pablo II” vayan a dar con las naderías que se expresan en rincones como éste, por lo que usted, tranquila, señorita, de ser necesaria, bastará con correr a la farmacia más cercana y hacerse de un postinor. Con usted no es.
La alternativa de solución a este incomprensible fallo podría darse, como han sugerido, poniendo la píldora en “venta”, pero con un valor simbólico. Las plateadas monedas de 1 céntimo podrían dar la hora.
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Imagen tomada de aquí.
Christopher Hernández
El tema del aborto hace mucho tiempo que mantiene enfrentados al Estado y a la Iglesia. La gran pregunta es si la Iglesia debería intervenir en un tema de salud pública (en todo caso, que les digan a sus feligreses que no aborten, pero no tienen por qué mandar sobre la salud de quienes no son sus seguidores, no?).
Otra cosa es que un altísimo porcentaje de la población de los sectores C y D está en contra del aborto (en oposición con lo que piensan los sectores A y B), por lo que la AOE sería una buena salida para que no tengan que recurrir después a un aborto clandestino con todas las consecuencias nefastas que puede traer. Me gustaría mucho que vendieran la AOE a un céntimo, y ver a Cipriani y a Rey rasgándose las vestiduras…